La Mesa del Cobre se subió de lleno al nuevo marco de acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. Mientras Washington pone a los minerales críticos en el corazón de su estrategia de “seguridad económica” y cadenas de suministro, los gobernadores del corredor andino buscan algo muy concreto: que el boom del cobre no sea solo exportar concentrado, sino cobrar desarrollo real en sus territorios.

El movimiento es delicado: aprovechar el interés norteamericano por litio, cobre y otros recursos estratégicos sin repetir el libreto clásico de la Argentina extractiva, donde las provincias ponen el territorio, el agua y la licencia social… y las grandes empresas se llevan casi todo.

Del Memorándum minero al acuerdo comercial: el cobre en clave geopolítica

El nuevo marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos entre Argentina y Estados Unidos se apoya directamente en el Memorándum de Entendimiento sobre minerales críticos firmado en agosto de 2024. Allí ya se había trazado una hoja de ruta: compartir información estratégica, coordinar apoyo a proyectos prioritarios, impulsar estándares ASG y garantizar que las empresas estadounidenses y socios de la Minerals Security Partnership tengan acceso preferencial a las oportunidades mineras argentinas.

El acuerdo comercial de 2025 profundiza esa línea. Además de reducción de aranceles y trabas no arancelarias, incorpora un capítulo explícito sobre litio, cobre, uranio y tierras raras, como parte de un paquete más amplio orientado a la seguridad económica y de las cadenas de suministro. Estados Unidos se reserva incluso la posibilidad de ponderar el impacto del acuerdo en términos de “seguridad nacional”, un concepto que en Washington hoy se traduce en una sola frase: menos dependencia de Asia, más control sobre quién abastece los insumos de la transición energética.

La lógica es clara: si el mundo necesita multiplicar varias veces el consumo de estos minerales para 2050, quien asegure el flujo de recursos tendrá poder político además de negocios. El problema es cómo se para la Argentina frente a esa demanda.

La Mesa del Cobre: gobernadores alineados para atraer dólares… y poder de decisión

En ese contexto se entiende la foto de la Mesa del Cobre reunida en Mendoza, en el marco de la 4th LATAM & Argentina Critical Minerals Summit 2025 y el Finance Day & TSX Roadshow. Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy) se mostraron como un bloque compacto del norte y el oeste cordillerano, con una consigna común: más infraestructura, más financiamiento y reglas estables para la minería de cobre.

Desde el escenario, los mandatarios repitieron un mensaje que en los pasillos sonaba todavía más claro: si Estados Unidos y otros jugadores quieren nuestro cobre, es hora de que las provincias empiecen a cobrar en serio —en rutas, energía, empleo local y proveedores regionales—, y no sólo en regalías que se pierden en el laberinto fiscal.

Cornejo insistió en que Mendoza quiere convertirse en hub financiero andino para proyectos mineros y energéticos, aprovechando la Bolsa de Comercio local como puente hacia los mercados de capitales de Canadá y otros centros financieros. San Juan remarcó que concentra buena parte de los proyectos de cobre del país y que puede movilizar decenas de miles de millones de dólares en los próximos años si se consolida el clima de negocios. Jujuy y Catamarca, por su parte, pusieron sobre la mesa la experiencia acumulada con el litio y el desafío de ampliar infraestructura y licencia social para que el “boom” no explote en conflictos.

Glaciares, RIGI y licencia social: las condiciones para que el cobre salga… o no

El otro gran tema que sobrevoló la cumbre fue la Ley de Glaciares. Los gobernadores de la Mesa del Cobre empujan una fórmula que hace rato circula en los borradores: que cada provincia pueda definir, con su propia autoridad de aplicación, qué se considera glaciar y zona periglaciar en su territorio. Traducido: flexibilizar el mapa de áreas restringidas para habilitar proyectos cordilleranos hoy bloqueados o judicializados.

El presidente Javier Milei ya adelantó que quiere “devolver el federalismo a las provincias” y reformular el marco periglacial, tanto por decreto como vía ley. El riesgo es que la búsqueda de “seguridad jurídica” para las inversiones se convierta en barra libre sobre ambientes frágiles, algo que puede detonar conflictos socioambientales justo cuando se necesitan certezas de largo plazo.

En paralelo, el Gobierno nacional promueve el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), al que ya apuntan proyectos como Josemaría y Filo del Sol en San Juan, con solicitudes potenciales por más de USD 14.000 millones. Para las provincias, el combo RIGI + reforma de la Ley de Glaciares es la llave para destrabar proyectos; para amplios sectores sociales, es la señal de que la Argentina corre el riesgo de convertirse en un enclave de extracción rápida con poco desarrollo territorial a cambio.

¿Quién cobra el cobre y quién se queda mirando?

En el discurso, todos hablan de desarrollo sostenible. Los gobernadores prometen empleo de calidad, proveedores locales, fideicomisos que canalicen regalías hacia obras concretas y articulación con universidades para formar técnicos y profesionales. La Nación celebra el giro pro-inversión, el superávit comercial reciente con Estados Unidos y la posibilidad de insertarse en la economía verde como proveedor confiable de minerales críticos.

Pero la pregunta incómoda sigue ahí: ¿quién va a “cobrar” de verdad este boom del cobre?

• Si el acuerdo con Estados Unidos se traduce en más exportaciones de concentrado, pero sin infraestructura integrada ni industrialización local, el saldo será el de siempre: recursos que se van, comunidades que esperan y una estructura productiva que no cambia.
• Si la reforma de la Ley de Glaciares se hace a medida de los proyectos, sin participación real de las comunidades ni evaluación ambiental seria, el costo se pagará en conflictos territoriales y pérdida de confianza.
• Si el RIGI garantiza beneficios fiscales amplísimos sin una contraparte clara en empleo, tecnología y encadenamientos productivos, el país habrá cedido mucho a cambio de muy poco.

El escenario alternativo existe: usar el interés estratégico de Estados Unidos y otros jugadores globales para negociar mejores condiciones a favor de las provincias: más infraestructura, más valor agregado, más exigencia tecnológica, pisos claros de empleo local y participación comunitaria real, con transparencia sobre adónde va cada peso.

La Mesa del Cobre quiere mostrar que está lista para esa negociación. Ahora falta ver si el país discute el cobre como un mero commodity para exportar o como un activo de soberanía que puede redefinir el mapa productivo argentino. Porque el mundo ya sabe cuánto vale el mineral; lo que falta es que Argentina se decida a cobrar una cuenta distinta a la de siempre.