Represas al mejor postor: Milei reabre la privatización del Comahue entre polémicas, viejos socios y vista gorda para AES

Un nuevo capítulo del modelo Milei se escribe a orillas del Limay. Hoy a las 17, el Gobierno abrirá los sobres con las ofertas económicas en la licitación de las represas del Comahue, un negocio de más de u$s700 millones que marcará quién controlará buena parte del sistema hidroeléctrico argentino durante los próximos treinta años.

En los papeles, se trata de una reprivatización “para modernizar el sistema energético”. En la práctica, es una reedición del manual de los noventa: vender lo que funciona. Las represas El Chocón, Alicurá, Piedra del Águila, Cerros Colorados y Pichi Picún Leufú —ubicadas entre Neuquén y Río Negro— generan el 15% de la electricidad nacional y fueron construidas con fondos públicos. Hoy vuelven a subastarse a precio de ganga.

Una licitación con aroma a escándalo

El proceso promete ser el “hito” del plan privatizador del Gobierno, pero ya sobrevuela el escándalo. Según trascendió, la estadounidense AES —actual operadora de la represa Alicurá— podría intentar descontar de su oferta los u$s750 millones que ganó al Estado argentino en el CIADI. Una jugada que en cualquier manual de soberanía sería inaceptable: una empresa que demandó al país ahora vuelve a competir para quedarse con sus recursos.

La vista gorda oficial llega justo cuando la gestión libertaria fue rescatada por la administración Trump y se rumorea un “pliego no escrito”: desplazar capitales chinos y abrirle paso a las firmas estadounidenses. El timing no podría ser más simbólico.

Quiénes están en la pista

La lista de oferentes combina veteranos del negocio energético y empresarios cercanos al poder: AES, Nicky Caputo (Central Puerto), Rubén Cherñajovsky (Newsan) asociado a los hermanos Neuss —amigos del asesor presidencial Santiago Caputo—, Genneia (familia Brito), YPF Luz, MSU Energy (Manuel Santos Uribelarrea), Pampa Energía (Marcelo Mindlin) y Aluar (Javier Madanes Quintanilla). Un casting de peso, donde los vínculos políticos valen tanto como la potencia instalada.

En el sector se comenta que la tasación de los activos fue subvaluada y que el Tribunal de Tasaciones de la Nación —obligatorio por ley— nunca intervino. Legisladores de Neuquén y Río Negro presentaron medidas cautelares denunciando irregularidades. Oficialmente, el Gobierno pidió u$s200 millones por cada una de las dos grandes (El Chocón y Piedra del Águila) y apenas u$s50 millones por Alicurá y Planicie Banderita. Un saldo que, para cualquier especialista, suena a remate express.

Las represas y sus operadores

El Chocón y Arroyito, hoy bajo la italiana Enel; Piedra del Águila, en manos de Central Puerto de Nicky Caputo; Alicurá, controlada por AES; Planicie Banderita (ex Aconcagua Energía, rebautizada como Tango Energy y rescatada por Miguel Galuccio); y Pichi Picún Leufú, administrada por Orazul Energy. En conjunto suman más de 4.100 MW, con El Chocón y Piedra del Águila a la cabeza, superando los 1.000 MW cada una. Las más chicas, Arroyito y Pichi Picún, funcionan como represas de compensación, regulando los caudales más que generando energía.

Puertas abiertas a “amigos del mercado”

Otro cambio polémico fue la rebaja en los requisitos técnicos: el pliego original pedía experiencia en centrales mayores a 600 MW, pero el Gobierno redujo el corte a 100 MW. Una puerta giratoria que permite el ingreso de jugadores chicos o allegados. En el sector lo resumen sin eufemismos: “El pliego se escribió con nombre y apellido”.

La apertura de sobres estaba prevista para el 23 de octubre, pero se suspendió sin explicación. Según empresarios del sector, las provincias fueron “convencidas” con la promesa de regalías. Un participante fue directo: “A las provincias les cerraron el pico a fuerza de dólares”.

La sombra del pasado: de Menem a Macri, el manual vuelve a imprimirse

La operación recuerda a los años del macrismo, cuando el Estado vendió las centrales térmicas Brigadier López (Santa Fe) y Ensenada de Barragán (La Plata), ambas construidas con fondos públicos. Aquella venta, asesorada por el estudio Tavarone, Rovelli, Salim & Miani —el mismo que hoy redacta los pliegos del Comahue— terminó beneficiando a Pampa Energía de Mindlin y YPF Luz. Una historia que suena demasiado parecida.

El paralelismo es inevitable: centrales estatales, inversiones públicas, ventas subvaluadas y operadores privados con cercanía política. Todo bajo el relato de la “eficiencia”. Un déjà vu energético donde la palabra “soberanía” brilla por su ausencia.

De la reestatización frustrada a la reprivatización express

Cuando en 2023 vencieron las concesiones originales firmadas durante el menemismo, las represas debían volver al Estado nacional. El gobierno de Alberto Fernández incluso había creado la ETHAC (Equipo de Trabajo de Aprovechamiento Hidroeléctrico Concesionado) y sociedades específicas en ENARSA para asumir la operación. Pero a último momento, el proceso se frenó. Se prorrogó la transición y se mantuvo a las mismas empresas al mando.

Con Milei, el esquema cambió de signo: de la reversión al remate. En lugar de recuperar lo construido con fondos públicos, el Gobierno decidió extender las concesiones y, finalmente, volver a privatizar. En nombre de la “libertad de mercado”, claro. Porque, al parecer, la libertad empieza donde termina el Estado.

Así, el país que alguna vez soñó con dominar su energía, hoy vuelve a rifar sus ríos. Y mientras el agua corre, los dólares fluyen siempre hacia el mismo cauce.