Entre la Vaca y la pared: La negociación que abrió el gobierno con el Fondo Burford

En el segundo circuito judicial de Nueva York, Argentina no es querida. La jueza Loretta Preska sentenció al país a entregar el 51% de su petrolera insignia. El símbolo de la soberanía energética vuelve a estar en la línea de remate.

La decisión de Preska, en su último fallo antes de jubilarse, es una estocada más a una estrategia de defensa que, por decirlo con elegancia jurídica, fue floja de papeles. La Argentina cambió de abogados, presentó argumentos deshilachados, y terminó defendiendo su posición con la convicción de un alumno que no hizo la tarea.

Pero lo más interesante no está en la letra del fallo, sino entrelíneas. El Gobierno anunció que va a apelar, como corresponde para mantener la dignidad en pie. Pero mientras tanto, negocia en secreto con Burford Capital, el fondo buitre que compró los derechos del juicio por monedas y ahora está a punto de quedarse con el premio mayor.

Apropiarse del 51% de YPF no es un camino fácil. Se requiere la aprobación del Congreso, o que en su defecto se entregue por decreto. En ese caso, la Nación deberá expropiar el 25% que le corresponden a las provincias.

Así no sea el 51% del paquete accionario de la petrolera de bandera, en la City descuentan que a Burford le van a dar algo grande y tangible, y que no es solo cash. Tal vez alguna estructura indirecta de participación en Vaca Muerta, un fideicomiso disfrazado, un paquete accionario de reparto flexible. Nadie lo sabe con precisión, pero todos lo huelen: no se va con las manos vacías.

Los más desconfiados –es decir, los que suelen tener razón en Argentina– ven algo más profundo detrás del fallo. Una jugada de ajedrez con aroma a geopetróleo. Mientras el gobierno de Javier Milei se pasea por la Heritage Foundation y bendice la bandera de Estados Unidos en cada discurso, los lobbies energéticos de Washington afinan el lápiz.

“Estados Unidos no quiere bases militares, ni tierras raras, ni litio boliviano”, susurra un exembajador argentino con tono ácido. “Lo que quieren es Vaca Muerta.”

Y el camino más limpio para llegar no es la diplomacia ni la guerra híbrida: es un fallo judicial en Manhattan. Un juicio comercial, una indemnización millonaria, y un fondo litigante que, con una sonrisa corporativa, termina teniendo más poder que toda la Secretaría de Energía argentina.

La teoría de que el apoyo de Donald Trump a la Argentina tiene precio se volvió difícil de refutar. El timing del fallo, la pasividad del Estado nacional, y la sincronización de gestos entre la Casa Blanca republicana y la Casa Rosada libertaria, encienden las alertas.

Burford, que no se caracteriza por la paciencia, ahora se sienta a la mesa con un cuchillo en la mano y una sentencia a su favor. Argentina, como en tantas otras veces, llega a negociar con el traje manchado y la billetera vacía.

El 51% de YPF que el Estado nacional recuperó con épica en 2012 está otra vez en juego, esta vez sin cadenas nacionales ni discursos emocionados. El traspaso, si se concreta, será silencioso, técnico, tal vez por Zoom. Pero el símbolo será el mismo: la energía estratégica de la Argentina en manos extranjeras. No por decreto, sino por default jurídico. ¿Quién necesita colonizar territorios, cuando puede comprar juicios?