Tasas en alza, pagos en baja

Desregulación costosa: las distribuidoras restringen pagos a Cammesa por el alza de tasas y el plan energético del Gobierno

Buenos Aires, 26 de agosto de 2025 –

En un contexto de acelerado ajuste financiero, la Secretaría de Energía, liderada por María Tettamanti, exigió a las principales distribuidoras del Área Metropolitana (Edenor y Edesur) recortar progresivamente el uso de cheques diferidos para pagar sus obligaciones mensuales con Cammesa. El acierto, sin embargo, trasluce una presión creciente ejercida por el sistema financiero, mientras el Ejecutivo gobierna con un decreto de emergencia que impulsa la desregulación del sector.

Cheques bloqueados, sistema eléctrico en alerta

Cammesa, entidad que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), advirtió que la acumulación de cheques diferidos —equivalentes a casi USD 100 millones— ya representa un serio tensíon sobre la cadena de pagos  . A causa del aumento en las tasas de interés y los encajes bancarios, los bancos dejaron de descontar esos cheques en los mercados secundarios o sólo lo hacen con tasas exorbitantes  .

En la reciente reunión de directorio de Cammesa, convocada por Tettamanti, se acordó un sendero decreciente: en agosto se pagará con cheques diferidos hasta un 60 % de la factura; en septiembre, hasta un 55 %; y en octubre, un 50 %  . Todo un desafío para mantener la estabilidad financiera del sistema.

Salvataje financiero sin soluciones estructurales

El escenario revela una realidad crítica: si Cammesa no logra convertir esos cheques en efectivo, el Tesoro nacional deberá intervenir para cubrir el bache financiero, incrementando aún más la emisión monetaria y alimentando la inflación  .

Si bien el Gobierno implementó un plan de regularización de deudas mediante el DNU 186/2025, que permite hasta 12 meses de gracia y cuotas a 72 meses a una tasa del 50 % de la del Banco Nación —y exige condiciones como la presentación de planes de inversión—, la medida podría no ser suficiente para resolver un sistema financiero fracturado y con inversiones pendientes en el sector  .

En 2024, la deuda de las distribuidoras, incluyendo cooperativas, superaba los USD 1.100 millones, y rondaba los USD 1.170 millones en octubre de ese año  .

Crítica al modelo Milei: desregulación sin red de respaldo

Desde su asunción el 10 de diciembre de 2023, el presidente Javier Milei impulsó una batería normativa –como el DNU 70/2023– para desregular el mercado, incluyendo el energético: menos burocracia, menos control estatal y mayor apertura a la lógica de mercado  .

Este esquema, sin embargo, choca con la realidad del sistema energético argentino: una red desgastada y sin recursos para invertir. La presión tarifaria y la reducción del WACC autorizado por el ENRE —que cayó casi un 40 % para Edenor y Edesur— complican el flujo de caja de las empresas, que ahora tampoco pueden pagar íntegramente a Cammesa  .

La respuesta del gobierno es paliativa, no estratégica: transferencias directas, planes de pago extendidos, acuerdos de deuda y emisión de bonos —como el de Edenor por $22.000 millones— son soluciones temporales ante un problema que requiere inversión sostenible y planificación estatal  .

Mirada crítica: emergencia sin rumbo claro

• Desregulación sin respaldo estructural: el modelo de Milei busca reducir costos y controles, pero minimiza la necesidad de reinversión en infraestructura clave. Las distribuidoras, lejos de fortalecerse, quedan atrapadas entre tasas altísimas y regalías modestas.
• Populismo económico disfrazado de modernidad: medidas emergentes como el DNU 186/2025 alivian la coyuntura, pero no garantizan estabilidad. Ignacio Massa se enfrenta a una estructura energética fracturada, sin base para resistir shocks económicos.
• ** Riesgo recurrente de apagones**: sin inversión real, el sistema eléctrico sigue vulnerable a interrupciones frente a picos de consumo, especialmente en olas de calor o invierno. El modelo funcionalista de “espíritu de mercado” no prevé garantizar servicio continuo a los usuarios.

Conclusión:

La nueva administración promueve una desregulación energética como bandera de eficiencia, pero la coyuntura demuestra la fragilidad del sistema: tasas que asfixian, deudas que escalan, y soluciones cortoplacistas que no sustituyen una política energética robusta. El riesgo no es solamente económico, sino también social: un sistema eléctrico en crisis exige reformas profundas, inversión sostenida y una visión estratégica, no solo consignas ideológicas.