Nuevo esquema de subsidios energéticos: ¿focalizado o tarifazo encubierto?

El pasado 28 de noviembre el Gobierno Nacional anunció con bombos y platillos un nuevo esquema de “subsidios energéticos focalizados”. En criollo: se terminan los subsidios generalizados a la luz, el gas y la garrafa, y solo seguirán recibiendo ayuda algunos hogares considerados vulnerables. ¿El resultado? A prepararse, porque la boleta de los servicios vendrá más salada que el agua de mar para buena parte de los argentinos. Nos dicen que es para “ordenar las cuentas” y “focalizar la ayuda en quienes la necesitan”, pero suena a verso conocido. Como reza un viejo dicho popular, “a otro perro con ese hueso”. En esta nota te contamos en detalle qué cambia con el nuevo esquema, a quién alcanza de verdad, quiénes pagarán los platos rotos, y qué hay detrás de esta medida – desde las motivaciones fiscales hasta el modelo económico que la inspira.

Adiós a la segmentación: subsidios solo para unos pocos

Lo primero: se acabó la segmentación por niveles N1, N2, N3 que venía vigente. Ya no habrá una categoría de ingresos altos, medios y bajos para tarifas; el Gobierno la simplificó en solo dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio. En otras palabras, o calificás para la ayuda estatal o pagás el costo pleno de la energía, sin punto medio. El proyecto unifica también todos los regímenes previos: dice chau al Programa Hogar (garrafas) y a la Tarifa Social de Gas, integrándolos en este esquema único.

¿Y quiénes califican para recibir subsidio? Según la letra oficial, hogares con ingresos menores a 3 Canastas Básicas Totales (CBT). Hoy eso equivale a aproximadamente $3.641.397 mensuales por hogar. El que gane más de esa suma, aunque sea por un peso, queda afuera de la “focalización”. Además, se mantienen criterios patrimoniales de exclusión: si tenés bienes de lujo (embarcaciones, o más de una propiedad, etc.), ni sueñes con el subsidio. En resumen, la asistencia se concentrará en familias de ingresos medio-bajos para abajo. Las que ya estaban inscriptas en el Registro de Acceso a Subsidios Energéticos (RASE) no tienen que hacer nada: las pasan de una al nuevo régimen (podrán actualizar sus datos por declaración jurada si algo cambió). Y atención quienes usan GLP en garrafa o gas propano por redes: si no estaban registrados, deberán inscribirse a partir de enero en la página oficial, porque ahora entran en este esquema también.

El corte de ingreso es claramente más estricto que antes. Veníamos de un esquema donde recibían subsidio hogares con ingresos de hasta 3,5 CBT (unos $4,25 millones). Con la nueva vara en 3,0 CBT (~$3,6 millones), unas 140.000 familias de ingresos medios perderán la bonificación que antes tenían. No es chiste: actualmente había 9,24 millones de usuarios eléctricos y 5,13 millones de gas recibiendo algún subsidio (directo) bajo la segmentación previa. Esos números incluían a casi todo el mundo salvo los muy pudientes. Ahora, con la “focalización”, un porcentaje de hogares de clase media quedará definitivamente afuera de la ayuda estatal. Solo los vulnerables permanecen cubiertos – y ya veremos que tampoco con tanta generosidad como antes.

Cobertura con letra chica: topes de consumo y nuevo tarifazo

Hablemos de cómo será el subsidio para quienes califiquen. El Gobierno asegura que se trata de garantizar solo los “consumos esenciales” de energía. Por eso, la bonificación será parcial y limitada a un bloque de consumo básico. En resumen, las nuevas reglas son:

• Electricidad: los hogares con subsidio recibirán un 50% de descuento en el costo de la energía consumida, aplicado hasta 300 kWh por mes en períodos de mayor demanda (verano e invierno), y hasta 150 kWh por mes en meses templados (primavera y otoño). Si superan esos límites, todo el excedente se paga a precio pleno, sin ningún descuento. O sea, si te pasás de esos kWh “bonificados”, agarrate: la energía extra vendrá al valor completo.
• Gas natural por redes: aquí el subsidio es estacional. El Estado cubrirá el 50% del precio del gas solo entre abril y septiembre (los meses fríos de mayor consumo). El resto del año no habrá bonificación alguna en gas, aunque califiques como vulnerable. En verano y meses de calor, pagás el 100% del gas que uses. Los volúmenes de gas con subsidio seguirán definidos por región (respetando los criterios de zonas frías, etc.), pero no esperes más cupo que antes – de hecho, será igual o menor. En pocas palabras, te subsidian el gas solo cuando “hace falta” para calefacción; cuando no, te las arreglás solo.
• Garrafa de GLP (Programa Hogar): acá el esquema cambia a un subsidio directo, depositado en la billetera virtual del beneficiario. El Estado te va a cubrir el equivalente a media garrafa de 10 kg por mes durante todo el año, más una garrafa entera adicional en invierno. Según los valores actuales, eso implicaría recibir unos $15.000 mensuales en invierno (que es el costo de una garrafa) y la mitad de eso en meses no tan fríos. Las ~3,36 millones de familias que estaban en Programa Hogar serán migradas automáticamente a este sistema unificado, manteniendo la “protección” pero con reglas más claras (dice el Gobierno). En criollo: te aseguran una garrafa y media por mes en invierno, y media garrafa en meses cálidos, vía reintegro a tu cuenta luego de la compra. Esperemos que al menos ese depósito funcione sin trabas, porque muchos dependen de esa ayuda para cocinar y calefaccionarse.
• Transición 2026: conscientes de que se viene un golpazo en las facturas, las autoridades armaron un “colchoncito” temporal para amortiguar el impacto. Durante 2026 habrá un descuento extraordinario que irá mermando mes a mes. Concretamente, en enero 2026 todos los hogares subsidiados tendrán un 25% extra de bonificación en ambos servicios. Ese mes, la luz subsidiada alcanzará un 75% de descuento total, y el gas –que normalmente no tendría nada en verano– tendrá un 25% off. A partir de febrero, ese plus extraordinario se irá reduciendo ~2% por mes, hasta desaparecer por completo en diciembre 2026. La idea es “evitar saltos bruscos en las facturas” en el arranque. Aún así, aunque lo hagan gradual, el salto viene: solo lo reparten en 12 pasos para que duela un poquito cada mes en vez de todo de una. Para el usuario, será como sacarse una curita lentamente: duele igual, pero más prolongado.

Vale destacar que antes los subsidios cubrían mucho más. Hasta hoy, un hogar de bajos ingresos tenía 100% bonificado un bloque de 350 kWh mensuales, y uno de ingresos medios tenía 100% bonificado hasta 250 kWh. Ahora ningún usuario tendrá energía gratis en su consumo base: aun los vulnerables pagarán la mitad de esos primeros kilovatios (y además el bloque “base” baja a 300/150 kWh según época). En la práctica, el Estado recorta el volumen de consumo subsidiado y el porcentaje de subsidio. El propio comunicado oficial admite que así el Estado va a “subsidiar un volumen mensual menor de electricidad” que antes. En gas pasa igual o peor: quien esté subsidiado solo verá descuento en invierno, mientras que antes tenía tarifa reducida todo el año (con tope de consumo). La frazada se hizo más corta para todos.

¿Y cuánto van a ser las facturas con este esquema? Dependerá del consumo y de si tenés o no subsidio, pero el Gobierno tiró algunas proyecciones optimistas: por ejemplo, con el nuevo esquema en meses de mucho consumo eléctrico, el 35% de los usuarios pagaría una factura promedio menor a $22.000; el 66% pagaría menos de $44.000; y el 81% por debajo de $67.000. En gas durante el invierno, el 56% de los hogares pagaría menos de $14.000; el 75% menos de $56.000; y el 83% menos de $73.000. Ojo: estos montos son estimaciones con precios de hoy. Con la inflación que corre, para cuando lleguemos al próximo invierno quizás las cifras reales sean el doble. Además, son promedios que esconden dispersiones: un hogar que exceda el bloque subsidiado va a pagar bastante más que esos “promedios”. Nos mean y dicen que llueve, reza otra frase argenta… Habrá que ver si estas predicciones se cumplen o si las boletas terminan viniendo bastante más picantes.

Impacto social: ¿quién paga los platos rotos?

Acá la pregunta del millón: ¿a quién beneficia y a quién perjudica este nuevo esquema? Depende de a quién le creamos. El discurso oficial es que ahora sí los subsidios serán justos, porque solo van a los que “realmente los necesitan” y se terminan los privilegios y la “avivada criolla” de muchos vivos que venían colados. Hay que reconocer que el sistema anterior tenía sus curros: en la depuración de padrones descubrieron 370.000 subsidios pedidos a nombre de personas fallecidas (sí, hasta los muertos “cobraban” luz barata) y 15.518 hogares en countries y barrios privados que recibían subsidio como si fueran de bajos ingresos. Un descontrol total. Era el Cambalache de Discépolo hecho tarifas: “el que no llora no mama y el que no afana es un gil”. Muchos vivos metieron mano – y esos números lo prueban – mientras otros quizás más honestos pagaban de más. En ese sentido, bien que se ponga orden y se cierre el grifo a esas trampas. Nadie puede defender que un mansión en Nordelta pague luz subsidiada como si fuera un barrio carenciado.

El problema es que, junto con cortar esas filtraciones escandalosas, recortaron beneficios legítimos para millones de usuarios comunes. Incluso los hogares más humildes, que seguirán teniendo subsidio, van a recibir menos ayuda que antes, por los topes y porcentajes reducidos que explicamos. Antes muchos pagaban poco y nada por la energía de su consumo básico; ahora todos van a pagar por lo menos la mitad de ese consumo. Es decir, los sectores populares igualmente sentirán el golpe. Por ejemplo, una familia considerada de bajos ingresos (menor a 1,5 CBT, el nivel más bajo) antes podía consumir hasta 350 kWh y no pagaba nada por la energía en ese tramo (solo abonaba impuestos y distribución). Ahora, esa misma familia si consume, digamos, 300 kWh en verano, tendrá que pagar el 50% del costo de generación de esos 300 kWh que antes era gratis – y si usa 350 kWh, pagará 50% de 300 + 100% de los 50 kWh excedentes. En plata son varios miles de pesos más que antes. A la clase media-baja también la toca: supongamos un hogar que entra raspando en el rango subsidio (2 CBT de ingreso, por ej.). Hasta este año tenía 250 kWh totalmente subsidiados, ahora tendrá 300 kWh al 50%. Si consumía 250 kWh, antes no pagaba generación, ahora pagará el 50% de esos 250 (es decir, el equivalente a 125 kWh a precio pleno). Claramente va a pagar más que antes por la misma luz consumida.

Y ni que hablar de los que quedan afuera del subsidio por superar las 3 CBT. Esos directamente van a pagar todo a tarifa llena, sin descuentos. Son miles de familias trabajadoras, no solo “ricos”. Pensemos en un hogar donde dos laburantes ganan, juntos, $4 millones al mes (con la inflación actual, muchos profesionales o empleados calificados andan por ahí). No son millonarios nadando en dólares, apenas clase media que llega a fin de mes. Bueno, esas familias en 2025 capaz tenían algún descuento en sus facturas porque entraban en el nivel 3 de la segmentación; en 2026, cero: tarifa completa. Cualquier aumento de costo irá directo a sus boletas. No por nada unos 140.000 hogares de ingresos medios perderán totalmente el beneficio que antes tenían. Para ellos, esto es sin eufemismos un tarifazo.

También los hogares de altos ingresos (o sea, los que ya no tenían subsidio desde la segmentación de 2022) sentirán el impacto. ¿Cómo es eso, si ellos ya pagaban tarifa llena? Resulta que incluso a esos usuarios “Nivel 1”, el precio que pagaban estaba algo subsidiado de forma indirecta: era un valor de referencia que no reflejaba el costo real del sistema energético. El Estado todavía absorbía parte del costo de generación para todo el mundo, en mayor o menor medida. A partir de enero, eso se termina: la Secretaría de Energía publicará el costo real del gas y la electricidad, y la idea es que las tarifas lo reflejen a rajatabla. Es decir, suben el precio mayorista de la energía al valor pleno. Un dato: fijaron para el gas residencial un precio mayorista unificado de US$3,80 por millón de BTU todo el año, eliminando el esquema anterior donde el gas costaba menos en verano y más en invierno para las distribuidoras. En electricidad harán algo similar, mostrando en la factura un precio alineado al valor monómico de generación (~US$75 por MWh). Traducido: si antes tu tarifa “plena” igual tenía un pequeño colchón de subsidio implícito, ahora vas a pagar el 100% del costo real de producir la energía. Eso significa que hasta los más pudientes tendrán otro aumento. No hay escapatoria: prácticamente todos los usuarios residenciales van a pagar más en 2026 en comparación con 2025.

El objetivo fiscal detrás de esto lo deja claro: actualmente los hogares pagan en promedio el 55% del costo de la electricidad y el gas, y el Estado cubría el 45% restante. Con el nuevo esquema, en 2026 los usuarios cubrirán el 76% del costo eléctrico y el 79% del gas, en promedio. Es un cambio drástico en la estructura de quién paga la cuenta. Lo que antes abonaba el Estado ahora lo transferirán al usuario. En otras palabras, la frazada corta del ajuste la estiran desde el lado del consumidor: el Estado se ahorra plata, vos ponés más de tu bolsillo.

Queda por ver el impacto social de este enésimo tarifazo encubierto. Los más optimistas dirán que al menos se sigue protegiendo a los sectores muy vulnerables con algún descuento. Sí, un hogar por debajo de la línea de pobreza seguirá teniendo media tarifa subsidiada en su consumo base, y eso es importante. Pero, ¿alcanza? Pensemos en situaciones reales: familias numerosas en viviendas precarias que quizás necesiten dos ventiladores en verano, o un aire acondicionado viejo para enfriar una pieza (porque las olas de calor son tremendas). Con 300 kWh mensuales en verano tal vez no les alcance y tendrán que limitar su uso o pagar extra. Lo mismo en invierno con estufas eléctricas si no tienen gas. El riesgo es que muchos empiecen a racionar energía por miedo a la factura – una especie de “pobreza energética” silenciosa. Y ni hablar de los que queden fuera del subsidio: esos van a destinar una porción mucho mayor de sus ingresos a pagar servicios. En un contexto de salarios real bajos, puede ser un golpe a la calidad de vida.

Encima, estos aumentos en servicios suelen pegarle también a la inflación. Cuando sube la luz y el gas, sube el índice de precios sí o sí (porque inciden en costos de producción y en el IPC). Así que el boom de tarifas podría traducirse en un rebrote inflacionario, mermando el supuesto beneficio de estabilizar las cuentas públicas. Es el cuento de nunca acabar: se tapa el agujero fiscal pero se agranda el social, y luego ese también repercute en la economía general (menos consumo, más recesión, etc.). En fin, el tiempo dirá, pero muchos argentinos de a pie ya sienten que otra vez les toca pagar los platos rotos de la fiesta que otros se comieron.

Las razones de fondo: ajuste fiscal e ideología libremercadista

¿Por qué hace esto el Gobierno? En sus palabras, para “ordenar la política de subsidios energéticos, cuidar la plata de los argentinos y avanzar hacia un sistema más justo, transparente y sostenible”. Dicen que la “ayuda social deje de ser un beneficio generalizado y vuelva a su función esencial: proteger a los vulnerables”. Suena lindo, ¿no? Menos relato, la motivación real pasa por dos ejes: fiscal (plata) e ideológico (modelo económico).

En el frente fiscal, Argentina arrastra un déficit enorme y los subsidios a la energía pesan un montón en el presupuesto. El año 2023 cerró con un gasto en subsidios energéticos equivalente al ~1,5% del PBI (un pico histórico). El gobierno de Javier Milei asumió a fines de 2023 con la promesa de hacer un ajuste drástico (la famosa motosierra). Ya en 2024 metieron mano: subieron tarifas varias veces, reduciendo ese gasto a alrededor de 0,9% del PBI. Para 2025 proyectaban bajarlo a 0,65%, y ahora con este nuevo esquema apuntan a redujirlo a 0,5% del PBI en 2026 (unos USD 3.000 millones). Es la meta plasmada en el Presupuesto 2026. En criollo, buscan ahorrarse unos cuantos puntos del producto en subsidios, trasladando ese costo al usuario final. Esto, claro, ayuda a cerrar las cuentas: menos gasto público significa menor necesidad de emisión monetaria o endeudamiento para financiarlos. Aprietan el cinturón del Estado, pero aflojan el nuestro… para que paguemos nosotros.

No es ningún secreto que esta política viene alineada con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI). Argentina tiene un acuerdo con el FMI y una de las condiciones clásicas que pide el Fondo es reducir subsidios (lo hemos visto una y otra vez en la historia). De hecho, medios y analistas titularon sin pudor que este es un “ajuste y tarifazo a pedido del FMI”. Y razones no faltan para decir eso. El staff del FMI había proyectado que el gasto en subsidios energéticos debía caer a ~0,5% del PBI ya en 2025, y presionó al Gobierno en ese sentido. Milei y su ministro Caputo no solo cumplieron: se sobreajustaron. Acordaron un sendero fiscal ultra ambicioso, incluso más austero que lo que el propio FMI sugería, para 2025 y 2026. Este recorte encaja perfecto en ese “plan de austeridad”. En abril, trascendió que Milei eliminaría subsidios a la clase media a pedido del FMI y avanzaría con la desregulación del sector energético. Dicho y hecho: acá estamos. No nos olvidemos que el presidente Milei se ufana de rechazar el “socialismo” y cualquier gasto estatal que no considere esencial. Subsidios generalizados fueron de las primeras cosas en su mira, y contaba con el aval (y exigencia) de los organismos internacionales para cortarlos.

El aspecto ideológico es igual de importante. Este esquema de “focalización” refleja la visión de país que tiene la coalición gobernante (La Libertad Avanza). En esa visión, el Estado mínimo solo debe intervenir para dar un piso de asistencia a los más pobres, y todo lo demás dejarlo al libre mercado. Milei lo ha dicho mil veces: “la energía hay que pagarla lo que vale”, “regalar tarifas es populismo”, etc. El nuevo sistema consagra eso. Se “sincera” el precio de la energía (que suene a sincericidio es otra cosa) y se elimina la “distorsión” de los subsidios generalizados. El mensaje es claro: “El que quiera luz o gas baratos, que demuestre que es pobre; el resto, a pagar lo que corresponde”. Es la lógica liberal pura y dura. Disciplina fiscal ante todo, aunque duela. Desde el gobierno dirán que así se incentiva el ahorro energético, se atraen inversiones porque hay tarifas reales, y se acaba la “mentira” de los precios artificiales. Puede que algo de eso suceda – por ejemplo, las empresas energéticas cobrarán más de los usuarios y tal vez mejoren su situación financiera – pero a costa de trasladar el costo a la gente común.

Un dato contundente: entre diciembre 2023 y octubre 2025, las tarifas residenciales de electricidad aumentaron 264%, y las de gas 622% acumulado, según un observatorio de la UBA. Esto bajo la gestión Milei y su plan de shock. Ahora, con el esquema 2026, se terminarán de eliminar los pocos subsidios que quedaban para la clase media. Estamos hablando de tarifas que se multiplicaron varias veces y que seguirán subiendo. Es el famoso tarifazo, pero fragmentado en episodios. Para la ideología libertaria gobernante, era “la única salida” para cortar el drenaje de fondos públicos. El fin (déficit cero) justifica los medios (ajuste sobre tarifas), parecerían creer.

Conclusión: la energía, ¿derecho o mercancía?

En definitiva, el nuevo esquema de subsidios focalizados marca un cambio de época (otra vez) en la política energética argentina. Sus defensores sostienen que es inevitable y hasta justo: que no se puede subsidiar a todo el mundo porque eso nos llevó al desastre fiscal, que ahora la ayuda llegará “a quienes debe llegar” y se acabó la joda de los que no la necesitan. Tienen algo de razón en el diagnóstico del descontrol previo, pero cuidado con el remedio. Porque a fin de cuentas, este plan traslada gran parte del peso del ajuste a la sociedad. El Estado se ahorra unos cuantos miles de millones, sí, pero esa cuenta la pagan los usuarios en sus boletas. Se puede celebrar la eficiencia fiscal mientras uno no sea el que debe elegir entre pagar la luz o llenar la heladera.

¿Es sostenible esto socialmente? Está por verse. La historia argentina ya nos mostró que los tarifazos pueden traer bronca, protestas y marchas de velas en la calle (recordemos el “que no te roben la luz” de 2016). Por ahora, con la focalización, quizás se amortigüe un poco el golpe en los sectores más vulnerables para evitar un estallido inmediato. Pero la clase media baja está al límite y la media-media ni te cuento: muchos sienten que siempre les toca perder. “El presidente nos sacó el subsidio, sacó lo poco que nos quedaba”, podrían decir parafraseando al Indio Solari. La metáfora de la “manta corta” nunca fue tan adecuada: tapamos el déficit, destapamos a la gente que queda con frío.

Al final, esto plantea una pregunta de fondo: la energía, ¿la concebimos como un derecho básico que el Estado debe garantizar a precio accesible, o como una mercancía más que cada cual paga al costo pleno?. El Gobierno claramente se inclina por lo segundo. En Denergia creemos que ese debate debe darse de cara a la sociedad. Porque no se trata de defender subsidios indiscriminados eternamente – nadie quiere un Estado quebrado – sino de hallar un equilibrio donde no siempre la variable de ajuste sean los de abajo.

Como decía un meme famoso: “se viene el verano más caliente… y no solo por el clima, sino por las facturas de luz y gas”. Ojalá nos equivoquemos y el impacto sea menor, pero las cifras oficiales no mienten: el usuario promedio pasará de cubrir el 55% al ~77% del costo de su energía. Casi nada. Así las cosas, más vale que todos prendamos velas (de verdad) para que los salarios suban, la inflación baje, y este tarifazo encubierto no termine de asfixiar la economía familiar. Que la injusticia no nos sea indiferente, cantaba León Gieco. Hoy la consigna aplica más que nunca: estemos atentos, informémonos, alcemos la voz. Porque la corriente viene brava, y si no nos cuidamos entre todos, el precio de la “disciplina” lo pagaremos, una vez más, los mismos de siempre.