Transener en venta: la red eléctrica como botín y la soberanía en remate
26 diciembre, 2025
La energía no se corta. Se transfiere.
Y esta vez, el Gobierno decidió transferir poder.
Con la Resolución 2090/2025, el Ministerio de Economía habilitó formalmente el proceso de privatización de Transener, la empresa que opera el sistema nervioso del mercado eléctrico argentino: la red de alta tensión. El objetivo declarado es recaudar hasta US$ 200 millones. El efecto real, todavía en disputa, es otro: volver a poner en discusión quién manda cuando la luz prende.
La decisión autoriza la venta del 50% de Citelec, la sociedad controlante de Transener, participación hoy en manos de ENARSA. El proceso será mediante licitación pública nacional e internacional, completamente digital, a través de la plataforma CONTRAT.AR. Sin preferencia para actores locales. Sin programa de propiedad participada. Sin demasiadas preguntas incómodas en el camino.
Transener no es una empresa más. Es la infraestructura que conecta generación y consumo, provincias y centros urbanos, oferta y demanda. El corazón físico del sistema eléctrico. Y también uno de los últimos espacios donde el Estado conservaba una presencia directa en una cadena crítica.
El acuerdo silencioso que destrabó la venta
El proceso no arrancó solo con voluntad política. Hubo que desatar un nudo central: la negociación con Pampa Energía, que controla el otro 50% de Citelec y tenía dos derechos contractuales capaces de vaciar de competencia cualquier licitación.
Por un lado, el Right of First Refusal, que le permitía igualar cualquier oferta y quedarse con el paquete estatal. Por el otro, el Tag Along, que obligaba a cualquier comprador de ENARSA a adquirir también la participación de Pampa en las mismas condiciones. Traducido: privatización con final escrito de antemano.
Eso se modificó. Tras semanas de negociación, ambas partes desistieron de esos derechos y se reescribió el acuerdo de accionistas original de los ’90. Hubo intervención de la Procuración del Tesoro, de Defensa de la Competencia y respaldo político al más alto nivel. Recién entonces, el proceso quedó habilitado.
La letra chica: dólares, exclusiones y candados
El pliego —a publicarse en Contrat.Ar— fija condiciones duras:
• Prohibición expresa a empresas controladas por Estados extranjeros o provincias.
• Patrimonio neto mínimo equivalente al valor del paquete en venta: US$ 205 millones.
• Fecha límite para ofertas: 23 de marzo de 2026.
• Cláusula anti-especulación: si el comprador revende antes de dos años, deberá girar al Estado el 50% de la ganancia.
La valuación bursátil de Transener supera los US$ 800 millones, pero el Estado solo se desprende de su mitad del control. Una salida parcial. Una renuncia estratégica.
Qué se vende, exactamente
Transener opera 12.400 kilómetros de líneas de alta tensión, más otros 6.228 km a través de su controlada Transba. Además, vía Citelec, participa en operaciones regionales e internacionales. No es un activo financiero más: es la columna vertebral del sistema eléctrico argentino.
La resolución lo deja claro, incluso en lo que omite: no hay mecanismos de preferencia ni esquemas de participación social. Es una venta directa, con lógica de mercado, sobre infraestructura que no funciona como mercado.
Advertencias desde adentro y desde el Congreso
Las críticas llegaron desde distintos frentes. Gerardo Ferreyra, ex presidente de Transener durante una década, fue directo: no hacen falta extranjeros para gestionar una empresa estratégica que ya es una sociedad mixta y funciona.
En la misma línea, aunque desde otro ángulo, la diputada nacional y economista Julia Strada puso el foco en una dimensión que el discurso oficial suele pasar por alto: la relación entre control accionario, tarifa y planificación.
Strada recordó que el transporte eléctrico es un monopolio natural, sin competencia posible, y que su peso en la tarifa no es cuantitativo sino estructural. Condiciona dónde se genera, cuánto cuesta transportar energía y qué regiones quedan integradas o marginadas del sistema.
En ese marco, advirtió que la salida del Estado del capital accionario no es neutra: convierte al regulador en la única herramienta de control, como si la regulación pudiera reemplazar información interna, capacidad de planificación y presencia estratégica en infraestructura crítica. Cuando ese esquema falla —por debilidad técnica, captura o vaivenes políticos— el costo no lo paga el accionista. Lo paga el usuario, en la factura.
¿Inversión o renta?
El discurso oficial promete eficiencia e inversiones. Pero sin el Estado dentro, la expansión de la red queda atada a la lógica de rentabilidad privada. No necesariamente a criterios de desarrollo territorial, seguridad energética o política industrial.
La pregunta incómoda no es ideológica. Es práctica:
¿quién garantiza que la red se expanda donde el país lo necesita y no solo donde mejor cierra el Excel?
El patrón que se repite
La venta de Transener se suma a una secuencia conocida: activos estratégicos, urgencia fiscal, promesa de dólares frescos. Antes fueron las represas. Ahora, la red eléctrica. Mañana, otra pieza del sistema.
La discusión de fondo no es quién compra.
Es qué pierde el Estado cuando vende.
Porque la energía no es solo un negocio.
Es poder.
Y el poder, cuando se entrega, rara vez vuelve por licitación.
