Mientras la agenda pública se distraía entre brindis tardíos y escándalos futboleros, el 26 de diciembre la Secretaría de Energía activó una resolución que, lejos de ser menor, toca el corazón de la política gasífera argentina: invitar a las petroleras a “desarmar” los contratos del Plan Gas que vencen en 2029.
El señalamiento lo hizo el especialista Juan José Carbajales, y no es un detalle técnico para iniciados. Es una decisión política. De esas que se toman en silencio y se pagan en voz alta más adelante.
La invitación es “voluntaria”, claro. Pero viene con tres regalitos difíciles de rechazar:
- Se elimina el control estatal sobre los planes de inversión.
- Se borra la obligación de destinar el 30% de la producción al sector industrial.
- Se paga un 5% más de adelanto por gas inyectado, sin certificaciones, apenas con declaración jurada.
Traducido del tecnicismo: menos Estado, menos compromisos, más caja inmediata. Todo envuelto en el papel de regalo de la desregulación.
El objetivo real: sacar al Estado de la mesa
El movimiento tiene un destinatario claro: ENARSA. Quitarla de los contratos no responde a una urgencia económica ni a un problema de abastecimiento. Responde a una idea. Vieja conocida. Principio de subsidiariedad, lo llaman. El Estado como espectador, el privado como protagonista exclusivo.
El problema es que no hay lógica económica que lo justifique ahora. El Plan Gas estaba diseñado para asegurar inversión, producción y previsibilidad fiscal. Desarmarlo anticipadamente implica exactamente lo contrario: menos inversión comprometida, menos producción futura y más presión presupuestaria.
Pero eso no entra en el PowerPoint libertario.
RIGI eterno para un sector que ya vuela
En paralelo, el Ministerio de Economía anunció que extenderá por 30 años los beneficios del RIGI para el upstream de Vaca Muerta, cuando el régimen llevaba apenas un año y medio de vigencia y el yacimiento rompe récords de producción en gas y petróleo.
Ahí la pregunta no es ideológica, es técnica:
¿qué cambió para justificar un giro tan drástico?
¿qué riesgo apareció que no estaba contemplado?
¿qué análisis costo-beneficio se hizo para el país?
Por ahora, silencio. Y cuando el silencio es la respuesta, el beneficio suele estar bien localizado.
Menos soberanía, más fe de mercado
Lo que describe Carbajales no es un error administrativo. Es una secuencia coherente: retirar al Estado de los contratos, aflojar exigencias productivas, garantizar rentabilidad extraordinaria y estirar incentivos como si fueran derechos adquiridos.
DENERGIA lo viene diciendo: cuando la energía deja de ser política pública y pasa a ser solo negocio, la soberanía se licúa. No de golpe. De a poco. Entre fiestas, distracciones y resoluciones “voluntarias”.
Después, cuando falte gas para la industria o el subsidio vuelva por la ventana, nos dirán que fue inevitable.
Pero no. Fue decidido.
