Los sueldos del directorio de YPF volvieron a meter ruido en una zona donde la cuenta siempre incomoda: la frontera entre empresa con mayoría estatal, cargos políticos y renta energética. La discusión ya no pasa solo por cuánto cobra un director, sino por qué lugar ocupa la petrolera como refugio de poder mientras en los territorios productores la actividad no siempre reparte buenas noticias.
Según publicó Boca de Pozo, el caso que primero puso bajo la lupa a Manuel Adorni se proyecta ahora sobre Maximiliano D’Alessio, dirigente vinculado a Tierra del Fuego. El medio sostiene que un director titular de YPF percibiría 121 millones de pesos mensuales y que, para 2026, el ingreso anual promedio rondaría los 954.000 dólares, con una dedicación estimada de cuatro horas por mes.
Del caso Adorni al capítulo fueguino
Manuel Adorni, ex vocero y ex jefe de Gabinete de la Nación, quedó en el centro de una contradicción política incómoda: mientras ocupó funciones en el Ejecutivo habría resignado honorarios, pero después de su salida habría quedado habilitado para percibir hasta 94 millones de pesos mensuales como integrante del directorio de la petrolera.
El capítulo fueguino suma otro nombre a la foto. Maximiliano D’Alessio aparece en una posición de peso: representante político en la Casa de Tierra del Fuego en Buenos Aires, director titular de YPF y presidente de Terra Ignis, la petrolera provincial. De acuerdo con la publicación, además, se mueve en la órbita del gobernador Gustavo Melella y su desembarco en Terra Ignis habría funcionado como plataforma hacia el directorio de YPF.
Ahí la discusión deja de ser solamente salarial. Si los números difundidos por Boca de Pozo son correctos, D’Alessio podría superar los 1.459 millones de pesos anuales por su lugar en la petrolera. No es poca cosa para una provincia donde la agenda energética viene cargada de promesas, retiros empresarios, empleo en retroceso y proyectos que no terminan de arrancar.
Empleo, cargos y control provincial
La letra chica territorial vuelve más áspero el contraste. La crisis petrolera en Tierra del Fuego, el retiro de YPF de áreas convencionales y el impacto sobre el empleo local forman parte del mismo tablero. Según la información publicada, se habrían perdido 240 puestos de trabajo, mientras que una promesa inicial de incorporar 500 trabajadores habría terminado primero en un acuerdo por 260 y luego en una advertencia de que solo ingresarían 70.
En paralelo, aparecen proyectos que quedaron sin avances visibles bajo esa órbita, como el Polo Petroquímico, la planta de urea y el puerto de Río Grande. El combo tiene todos los ingredientes de la política energética argentina cuando se pone espesa: empresas públicas o semipúblicas, sillones bien pagos, provincias productoras, promesas industriales y trabajadores esperando que la riqueza del subsuelo también aparezca en la superficie.
El punto más delicado está en la designación de D’Alessio como representante provincial en YPF. Boca de Pozo cita la Ley Provincial 1012, que exigiría acuerdo legislativo, y sostiene que ese paso habría sido salteado o completado después de que su nombre ya figurara en la nómina de la compañía. Por el tipo de señalamiento, ese capítulo exige revisar documentación, actas societarias, resoluciones provinciales y constancias legislativas antes de convertir la sospecha en sentencia.
Aun así, la postal es difícil de maquillar. Cuando la política entra al directorio de una petrolera, la discusión energética no termina en los fierros. También se juega en la caja, los cargos, el control público y la responsabilidad que suele esconderse en la letra chica.
