Por Andressa Cunha, Nicolás Alejandro Malinovsky, Robson Silva y Thalita Santos Bernaldo
Cuba ha estado sometida a una intensa presión a través de uno de los principales instrumentos geopolíticos: la energía. Esto ocurre en un contexto en el que Estados Unidos está impulsando un proyecto que busca no solo recuperar el control sobre la isla y su posición estratégica, sino también sobre toda Latinoamérica.
Desde su primer mandato, Donald Trump (2017-2021) impulsó un endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba, buscando romper con la estrategia de acercamiento adoptada durante la administración Obama (2009-2017). El restablecimiento de las sanciones económicas, la reactivación de las restricciones comerciales y financieras, y la reincorporación de Cuba a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo reflejaron un cambio más amplio en la política exterior estadounidense, profundizado con el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025. En su segundo mandato, su nueva Estrategia de Seguridad Nacional (2025) reposicionó a América Latina y el Caribe como una región prioritaria para los intereses estratégicos del país, haciendo hincapié en la necesidad de proteger las cadenas de suministro, garantizar el acceso a los recursos estratégicos, fortalecer la base industrial y prevenir el avance de potencias rivales, en particular China y Rusia. El acceso a los recursos en toda América adquiere un papel central en sus intereses geopolíticos, con el creciente uso de la energía como instrumento de presión política.
Es en este contexto que debe entenderse el secuestro del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, y la interrupción del flujo de petróleo venezolano a Cuba. Esto se vio acompañado de nuevas medidas destinadas a restringir el acceso de la isla a proveedores alternativos, principalmente México. Además de las sanciones directas, Washington comenzó a ejercer presión diplomática y económica sobre gobiernos y empresas de terceros países, buscando desalentar el comercio de petróleo y sus derivados con Cuba mediante amenazas de sanciones, restricciones financieras y otras medidas coercitivas (véase el análisis sobre el embargo energético contra Cuba en Energy Diplomacy, Carta Capital).
La vulnerabilidad de Cuba hace que esta estrategia sea particularmente efectiva. Históricamente, la isla ha dependido de las importaciones de petróleo para cubrir una parte significativa de su demanda energética, inicialmente abastecida por petróleo de la URSS y, con el ascenso de Chávez a la presidencia, por suministros de Venezuela. La red eléctrica cubana depende en gran medida de los combustibles fósiles, y las dificultades para obtener financiamiento externo, exacerbadas por las sanciones estadounidenses, limitan la diversificación de proveedores, mientras que la producción local de petróleo sigue siendo limitada.
Ante este escenario, este artículo analiza la situación energética de Cuba desde tres perspectivas: primero, se abordará la formación histórica de la dependencia cubana de las importaciones de petróleo y los factores que han limitado su diversificación energética. A continuación, se analizarán las principales medidas adoptadas por Estados Unidos durante el segundo mandato de Trump para restringir el suministro energético de la isla, con el objetivo de sofocar al pueblo cubano, sin tener en cuenta la legitimidad desde el punto de vista del derecho internacional, lo que, en última instancia, fomentó movilizaciones para un cambio de régimen. Si bien las alternativas para Cuba son limitadas debido a la presión estadounidense, se discuten alternativas capaces de ampliar la soberanía energética del país para reducir su vulnerabilidad en este turbulento contexto de disputa hegemónica.
Cuba y su dependencia de las importaciones de petróleo.
La energía es el talón de Aquiles de la nación caribeña. Su matriz energética ha evolucionado en función de factores históricos, políticos y económicos que han hecho que el país dependa en gran medida de los combustibles fósiles importados , lo que refleja tanto las limitaciones estructurales de la economía cubana como las transformaciones internacionales.
Las redes energéticas y eléctricas de Cuba dependen en un 95% del petróleo y el gas natural. A pesar de producir petróleo y gas natural en su costa norte y en el Golfo de México, la producción nacional solo cubre el 36% de la demanda. Por lo tanto, de los 110.000 barriles de petróleo que se consumen diariamente en la isla, aproximadamente el 64% son importados. Además, el petróleo cubano tiene un alto contenido de azufre y solo puede utilizarse en centrales térmicas adaptadas; por consiguiente, los derivados más ligeros y los combustibles para el transporte siguen dependiendo de las importaciones.
El sector energético cubano se fortaleció con la Revolución de 1959, cuando el país se integró progresivamente a la esfera de influencia de la Unión Soviética. Gracias al petróleo soviético, el país amplió su infraestructura energética basada en centrales térmicas alimentadas con petróleo y sus derivados. En este contexto, en 1980, la URSS brindó asistencia técnica y financiera para la construcción de la Central Nuclear de Juraguá, en la provincia de Cienfuegos, el primer proyecto nuclear cubano , que estaba proyectado para contar con dos reactores.
Sin embargo, el proyecto nuclear cubano se interrumpió con el colapso de la URSS en 1991, cuando se inició una crisis energética sin precedentes, el llamado Período Especial, que puso de manifiesto la dependencia de fuentes externas de combustibles fósiles. En aquel entonces, Cuba sufrió cortes de energía frecuentes y prolongados, lo que provocó una contracción económica y problemas de seguridad, salud y abastecimiento de alimentos, agravados por grandes huracanes, algo similar al inicio de la crisis actual.
El Periodo Especial puso al descubierto la inseguridad energética cubana e impulsó proyectos para diversificar las fuentes de energía. En la década de 2000, el gobierno desarrolló políticas para modernizar el sistema eléctrico nacional, conocidas como la Revolución Energética. A pesar del nombre y las iniciativas para la expansión gradual de las fuentes renovables, no se produjeron cambios estructurales que redujeran la dependencia de Cuba de los combustibles fósiles, especialmente los importados. Entre las medidas de estas políticas, destacan la descentralización parcial de la generación con la instalación de generadores y la modernización de las redes de transmisión, cuyas principales fuentes seguían siendo el petróleo y el diésel.
En 2005, el gobierno venezolano de Chávez creó Petrocaribe. Mediante este programa, Cuba, junto con otros países caribeños, comenzó a recibir petróleo venezolano a precios preferenciales a través de mecanismos de financiamiento a largo plazo y compensación por la exportación de servicios, principalmente en los sectores de salud y educación. Esta alianza permitió al archipiélago presentar una relativa estabilidad energética, aunque perpetuando su dependencia de los combustibles fósiles de un único proveedor externo. Sin embargo, la crisis política y económica que vivió Venezuela en la década siguiente desencadenó una nueva crisis energética, agravada por el envejecimiento de la infraestructura de las centrales térmicas, la escasez de recursos para el mantenimiento y la dificultad de importar combustible en cantidad suficiente.
La crisis energética cubana se ha prolongado desde entonces, pero se intensificó y se convirtió en una crisis humanitaria tras la operación militar de Trump en Venezuela en enero de este año, su principal proveedor de petróleo. El suministro energético de Cuba, basado en hidrocarburos, se ve obstaculizado por restricciones financieras y tecnológicas, así como por la falta de inversión en infraestructura de distribución eléctrica, lo que genera un déficit considerable con respecto a la demanda interna.
Las acciones de Trump dirigidas contra el sector energético de Cuba
En enero de 2026, la administración del presidente Donald Trump puso en marcha un bloqueo energético sin precedentes contra Cuba, con el objetivo declarado de asfixiar económicamente al régimen socialista y forzar un cambio de gobierno. Las medidas impuestas por Trump buscan interrumpir el flujo de petróleo hacia la isla.
Tras el derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro, Cuba se encontró repentinamente en una posición vulnerable, ya que su entonces aliado era su principal proveedor de petróleo. El 29 de enero, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404, que autorizaba sanciones contra entidades extranjeras, incluidas instituciones financieras, que realizaran transacciones significativas con el gobierno cubano o sectores clave de su economía. Si bien el 20 de febrero la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el paquete arancelario —que sustentaba la Orden Ejecutiva— por considerarlo autoritario, el desafío persiste en los ámbitos político y militar. Aun sin la posibilidad judicial de sanciones, el envío o la venta de petróleo a Cuba continúa. En este sentido, en junio, la petrolera estatal cubana Unión Cuba-Petróleo (CUPET) fue incluida en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esta medida, anunciada por el Secretario de Estado Marco Rubio, bloqueó todos los activos de CUPET bajo jurisdicción estadounidense y prohibió cualquier transacción de sus ciudadanos con la empresa. Más importante aún, esta medida sirve de advertencia a las empresas y bancos extranjeros: cualquiera que haga negocios con CUPET u otras entidades sancionadas también podría enfrentarse a represalias por parte de Estados Unidos.
Las consecuencias prácticas del bloqueo fueron devastadoras. Con el suministro de combustible prácticamente interrumpido, la red eléctrica cubana colapsó en múltiples ocasiones. En julio de 2026, la isla sufrió su segundo apagón nacional en menos de una semana, y la restauración del servicio se vio dificultada por la falta de combustible para los generadores de respaldo. En algunas regiones, los cortes de energía duraron más de 18 horas diarias, afectando a hospitales, el suministro de agua y la conservación de alimentos, lo que exacerbó la ya grave crisis humanitaria.
Rusia, un aliado históricamente leal, también ha reducido drásticamente sus suministros de petróleo desde la crisis petrolera venezolana. Durante la visita del canciller cubano Bruno Rodríguez en febrero de 2026, el presidente ruso Vladimir Putin declaró: «Siempre hemos apoyado a Cuba en su lucha por la independencia y el derecho a seguir su propio camino», y añadió: «Este es un período especial, con nuevas sanciones. Ustedes saben lo que pensamos al respecto. No aceptaremos nada de esto». Así, en marzo, el petrolero ruso Anatoly Kolodkin atracó en Cuba con más de 700.000 barriles de petróleo.
México, también proveedor de petróleo para Cuba, se vio obligado a ceder ante la intensa presión de Estados Unidos. Antes del bloqueo, México, a través de la empresa estatal Pemex, era uno de los principales proveedores de petróleo a Cuba; sin embargo, tras la orden ejecutiva de Trump, Pemex suspendió los envíos de crudo.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum declaró inicialmente que la suspensión era una decisión soberana de Pemex y no resultado de presiones externas. Sin embargo, la empresa reconoció en su informe a la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos) que la orden ejecutiva de Trump generó incertidumbres que podrían afectar sus operaciones. Pemex tiene un contrato de suministro con Cuba , pero la oposición al gobierno de Sheinbaum refleja también la presión ejercida internamente por Donald Trump, lo que demuestra el total desprecio de estas fuerzas políticas por el cumplimiento de los compromisos adquiridos bajo las reglas del mercado cuando no les conviene.
La realidad es que la amenaza de aranceles y sanciones secundarias ha hecho inviables las transacciones directas con el gobierno cubano. Para sortear este problema, Sheinbaum anunció en junio que México busca un nuevo mecanismo para reanudar las exportaciones de combustible a Cuba a través de empresas privadas, en lugar de Pemex, para evitar la exposición directa a las sanciones. Sin embargo, la efectividad de este plan aún es incierta, ya que las empresas privadas también estarían sujetas al riesgo de sanciones estadounidenses.
Alternativas para garantizar la soberanía energética
El principal desafío para el gobierno cubano ha sido encontrar alternativas que le permitan mantener el suministro de energía y preservar la producción nacional. Actualmente, cerca del 95% de la generación de electricidad en Cuba depende del petróleo y el gas natural. Si bien China y la Unión Europea mantienen programas de cooperación para impulsar el desarrollo de energías renovables, a corto plazo no existen las condiciones para reducir significativamente la dependencia de los combustibles fósiles, incluso si se alcanza la meta de que las fuentes renovables representen el 24% de la matriz eléctrica para 2030 (Schutte, Taffner, Alves Fernandes y Silva, 2026).
Desde 2014, Cuba ha estado desarrollando una política nacional para el desarrollo de energías renovables, que incluye inversiones en más de 2000 MW de energía solar fotovoltaica, aproximadamente 700 MW de energía eólica y más de 600 MW de bioelectricidad asociada a la industria azucarera y otras fuentes de biomasa. Además, existen programas para pequeñas centrales hidroeléctricas y biodigestores, principalmente para el sector porcino, que también contribuyen a reducir los impactos ambientales.
En el contexto de la crisis desencadenada por la agresión estadounidense, el gobierno cubano presentó, en junio de 2026, un conjunto de 23 ejes de reformas económicas, políticas y sociales, entre los cuales el Eje 6 está dedicado al sector energético. Su objetivo central es fortalecer la seguridad energética del país mediante una combinación de apertura económica, incentivos a la inversión y promoción de la transición energética.
Entre las principales medidas, destacan las siguientes:
- Abrir el mercado de combustibles, permitiendo la participación de capital privado y extranjero en la importación, comercialización y gestión de la red de estaciones de servicio;
- Impulsar la transición energética, promoviendo inversiones en energías renovables, infraestructura para vehículos eléctricos y la instalación de sistemas fotovoltaicos en la red de estaciones de servicio para reducir su dependencia del Sistema Eléctrico Nacional;
- Reformas financieras y tributarias destinadas a facilitar el acceso a la financiación, flexibilizar los mecanismos de pago internacionales para las empresas estatales e introducir incentivos fiscales para proyectos de energías renovables.
Estas iniciativas reflejan la magnitud de la crisis que atraviesa la isla. La intensificación del bloqueo y las sanciones estadounidenses está obligando al gobierno cubano a introducir transformaciones significativas en su política económica y energética, incorporando mecanismos que, hasta hace pocos años, habrían sido difíciles de imaginar dentro del modelo de gestión actual.
La presión internacional sobre Cuba sigue intensificándose. El 9 de julio, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, instó a Estados Unidos a poner fin “inmediatamente” al bloqueo, las sanciones y toda forma de coacción, presión o amenazas militares contra la isla.
Sin embargo, más allá del escenario geopolítico y la diplomacia energética, Cuba necesita acelerar la diversificación de su matriz energética. En particular, es estratégico expandir la generación fotovoltaica distribuida a hogares, empresas e instituciones públicas, reduciendo la dependencia de combustibles importados y fortaleciendo la resiliencia del sistema eléctrico. China también está colaborando en este esfuerzo, lo que podría aliviar algunas situaciones críticas a corto plazo.
Esta estrategia no sustituye la necesidad de poner fin al bloqueo, pero es una condición indispensable para avanzar hacia una mayor soberanía energética y reducir la vulnerabilidad estructural derivada de la dependencia casi exclusiva de los hidrocarburos.
Conclusión
Cuba atraviesa una crisis exacerbada por la agresión estadounidense bajo el liderazgo de Donald Trump. Sin embargo, la excesiva dependencia del país de hidrocarburos no producidos internamente no es un problema nuevo.
Si bien desde principios de la década de 2000 se han puesto en marcha diversas iniciativas para reducir esta dependencia, el país no ha logrado superar esta debilidad. Las dificultades económicas, exacerbadas por las sanciones, junto con la excesiva dependencia del suministro de petróleo de aliados que en su momento fueron proveedores fiables —como la URSS hasta principios de la década de 1990 y Venezuela hasta hace poco—, ponen de relieve la importancia de la seguridad energética como elemento de estabilidad.
Por otro lado, resulta notoria la contradicción entre la pretensión de un acceso abundante a los recursos energéticos del continente americano, pilar estratégico fundamental para la seguridad nacional de Estados Unidos, y el estrangulamiento energético impuesto al pueblo cubano. Es inevitable concluir recordando que, si bien la isla fue en su momento un faro de esperanza para casi todos los países latinoamericanos, hoy se encuentra completamente aislada y sin el apoyo constante de esos mismos países. Las razones son diversas y, en la mayoría de los casos, no se trata exclusivamente de una «falta de voluntad política», sino de una capacidad de respuesta incomparablemente inferior a cualquier acción más drástica por parte de la potencia hegemónica del norte del continente.
Gracias al profesor Giorgio Romano Schutte.
[*] Los autores son investigadores del Observatorio de Política Exterior e Integración Internacional de Brasil de la Universidad Federal do ABC (UFABC) Fuente: https://opeb.org/2026/07/20/a-situacao-energetica-de-cuba/
