Hay ahorros que no salen de una planilla de ajuste ni de un discurso de austeridad, sino de una obra física que ya está enterrada bajo tierra. El caso del Gasoducto Perito Moreno vuelve a poner sobre la mesa una incomodidad política: parte del alivio externo que hoy se computa como mejora económica depende de infraestructura crítica construida antes.
Según publicó Infobae sobre el ahorro atribuido al Gasoducto Perito Moreno, distintos cálculos atribuyen al Gasoducto Perito Moreno un ahorro cercano a los USD 10.000 millones en importaciones de energía. El dato, por su tamaño, no es menor: habla de divisas que no tuvieron que salir para pagar combustibles o energía importada y de una sustitución que solo puede ocurrir cuando existe capacidad de transporte para mover gas local.
El ahorro y la obra heredada
La discusión de fondo no es únicamente técnica. Un gasoducto no es un tuit, ni una resolución, ni una promesa de campaña: es capital intensivo, plazos largos, decisiones estatales y riesgo político. Por eso el número informado obliga a mirar la trazabilidad del beneficio. Si el ahorro se concreta cuando la obra ya está operativa, la renta política tiende a capturarla quien administra el presente; pero el costo, el riesgo y la decisión de ejecutar los fierros suelen venir de antes.
Ahí aparece la paradoja. El relato económico suele celebrar la baja de importaciones como si fuera resultado exclusivo de una administración prolija de caja. Pero sin infraestructura de transporte, el gas queda lejos de los centros de demanda y el país termina comprando afuera lo que no puede evacuar adentro. En energía, la macro se ordena menos por consigna que por caños, compresores, contratos y capacidad instalada.
La cifra exige metodología
También corresponde tratar la cifra con prudencia editorial. El ahorro de casi USD 10.000 millones debe leerse junto con el período considerado, la metodología usada y los supuestos de precios de importación reemplazados. Sin esos detalles sobre la mesa, el número sirve como señal potente, pero no como cheque en blanco para convertir una obra en propaganda.
Lo que sí deja claro el caso es que la infraestructura energética tiene memoria. Puede ser inaugurada, rebautizada, discutida o apropiada discursivamente, pero cuando funciona modifica la cuenta externa. La pregunta incómoda es quién se queda con el mérito cuando el ahorro llega por un caño que otro gobierno decidió construir.
