Salto Grande: la energía que se pierde en el río y la caja que sostiene a Entre Ríos

En Salto Grande no falta energía: se la tira. Cuando Uruguay decide no vender electricidad a precios que considera bajos, abre el vertedero y deja correr el agua. La energía potencial se pierde río abajo. Del otro lado, Argentina paga más caro para sostener su sistema eléctrico. Lo que para Uruguay es un excedente descartable, para Argentina es supervivencia energética. Y en esa misma coreografía, la represa se convierte también en una caja fiscal que hoy sostiene parte del andamiaje político de Entre Ríos.

La central hidroeléctrica de Salto Grande ocupa un lugar silencioso pero decisivo en la matriz regional. En el último año móvil generó unos 4.176 GWh: el 13,6% de la generación hidroeléctrica argentina y cerca del 3,8% del total nacional. Además, cumple una función técnica crítica: regula frecuencia y amortigua picos de demanda, reduciendo la necesidad de generación térmica más cara. Es una pieza clave para un sistema eléctrico integrado.

La paradoja aparece cuando la integración choca con la política de precios. Uruguay consolidó una matriz con fuerte presencia renovable. En períodos de lluvias, viento y baja demanda interna, sobran megavatios. Argentina podría absorberlos. Pero el precio al que puede comprarlos queda por debajo de lo que Uruguay está dispuesto a convalidar. El resultado es crudo: antes que vender barato, Uruguay prefiere no generar. Fuentes técnicas de la operación estiman que en 2025 se desperdició energía equivalente a USD 50 millones.

Ese comportamiento ocurre bajo la conducción uruguaya encabezada por Gonzalo Casaravilla, ex presidente de UTE, figura central del sector eléctrico oriental y nombre asociado al fallido Gas Sayago. Aquel proyecto de regasificación terminó judicializado tras pérdidas millonarias para el Estado uruguayo y dejó una marca política que vuelve a pesar cuando se discuten decisiones estratégicas. En Salto Grande, la señal es clara: preservar precio aun a costa de tirar energía.

Del lado argentino, la historia corre por otro carril. El esquema económico de la represa establece que Salto Grande percibe el 100% de la remuneración por potencia y solo el 50% por energía. Con esos ingresos se pagan costos operativos, gastos del sistema, indemnizaciones y regalías. El remanente se transforma en excedentes, que por ley se distribuyen así: 67,5% para Entre Ríos, 27,5% para Corrientes y 5% para Misiones. 

Esa mecánica se volvió clave para Entre Ríos. En un contexto de restricción fiscal nacional, regalías en especie y excedentes pasaron a ser una fuente estable de financiamiento provincial. La actualización reciente de la remuneración de la central —que elevó de manera significativa los ingresos operativos en 2025— incrementó directamente el volumen de excedentes a distribuir. El efecto es tangible.

En términos políticos, Salto Grande funciona como una caja. Ayuda a sostener obras, programas y gasto corriente del gobierno de Rogelio Frigerio, justo cuando otras fuentes de ingresos se achican. En el sector energético lo dicen sin eufemismos: la represa se volvió una herramienta de equilibrio fiscal provincial.

La conducción argentina de la Comisión Técnica Mixta acompaña esa centralidad. La delegación está integrada por Alejandro Daneri, Pedro Galimberti y Juan Carlos Chagas. Daneri —diplomático de carrera— mantiene un vínculo familiar directo con el gobernador, un dato leído en la política entrerriana como parte del alineamiento entre la Casa Gris y la conducción del organismo. Galimberti llegó tras dejar su banca en el Congreso y conserva peso territorial propio; Chagas aporta representación del peronismo provincial.

El cuadro final es incómodo y elocuente. Uruguay tira energía por USD 50 millones para no venderla barata. Argentina transforma la generación efectiva en financiamiento provincial. El agua corre. La energía se pierde.